Condena efectiva para un enfermero rosarino que vendía medicamentos hospitalarios por redes sociales

La Justicia federal de Rosario condenó a Luis Benavídez, enfermero del Policlínico PAMI II, a la pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo y a una inhabilitación por el mismo período para ejercer la enfermería y ocupar cargos públicos. De acuerdo con la investigación, el hombre sustraía medicamentos de su lugar de trabajo y los ofrecía a través de redes sociales para consumo recreativo. El hecho se produjo en el marco de una causa tramitada ante el Juzgado Federal de Garantías a cargo de Carlos Vera Barros.

Cuatro delitos reconocidos en un juicio abreviado

La resolución surgió de un acuerdo pleno entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, homologado por el magistrado el 4 de septiembre en una audiencia. Benavídez reconoció los hechos, su intervención en ellos, las pruebas reunidas por la acusación, la calificación legal y la pena solicitada. El fallo incluyó cuatro cargos: comercio de estupefacientes por la venta de fentanilo; comercialización de sustancias medicinales peligrosas con ocultamiento de su carácter nocivo, en referencia al bromuro de vecuronio; hurto; y tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil, vinculada a una pistola secuestrada durante uno de los allanamientos.

Según la acusación, el enfermero se desempeñaba en el Policlínico PAMI II desde 2014 y obtenía allí las sustancias que luego comercializaba. La pesquisa pudo reconstruir las operaciones a partir del teléfono de un hombre de 37 años encontrado sin vida en su departamento el 9 de agosto de 2023. El análisis de conversaciones y mensajes de audio permitió acreditar que Benavídez ofrecía sustancias de uso hospitalario y coordinaba su entrega con los compradores.

El origen de la pesquisa federal

El padre del fallecido se presentó ante la Unidad Fiscal Rosario con el celular y documentación de su hijo. En la denuncia, señaló que el joven consumía fentanilo y otras sustancias que le compraba a un enfermero, lo que permitió encauzar la investigación en la órbita federal por la comercialización de los medicamentos. La causa inicial por la muerte había sido archivada en la justicia provincial, debido a que los estudios forenses no lograron establecer la causa del fallecimiento ni confirmar la presencia de vecuronio, por lo que no fue posible atribuir el deceso a una sustancia específica, aunque no se descartó un origen toxicológico.

• Cuatro años y seis meses de prisión efectiva por cuatro delitos reconocidos.
• Inhabilitación por igual período para ejercer la enfermería y cargos públicos.
• Acuerdo homologado por el juez federal Carlos Vera Barros el 4 de septiembre.
• Investigación originada por la denuncia del padre de un comprador muerto en agosto de 2023.
• Detección de fentanilo y bromuro de vecuronio entre las sustancias comercializadas.
• Decomiso de una pistola de uso civil en uno de los allanamientos.

Con la homologación del acuerdo y el dictado de la condena, la causa se encamina hacia las instancias de ejecución penal y de inscripción del fallo en los registros respectivos. La defensa del condenado podría agotar instancias recursivas, mientras el tribunal avanza con las comunicaciones correspondientes a los organismos de control del ejercicio profesional y de antecedentes judiciales.