Córdoba: una odisea de meses para conseguir una prótesis, una terapia o el certificado de discapacidad

Acá en Córdoba, en el mostrador de cualquier hospital público, la escena se repite cada mañana: una mamá llega con la carpeta bajo el brazo, se acomoda en la fila desde temprano y pregunta cuándo le van a dar el turno para la junta evaluadora. Le contestan que en dos o tres meses, si tiene suerte. Y esa es apenas la primera puerta de un camino que puede llevar mucho más tiempo. La Defensoría del Pueblo de la provincia presentó el 5 de octubre de 2026 un relevamiento que, sin pretender medir estadísticamente la totalidad de los casos, pone letra y nombre a lo que muchas familias viven en silencio: conseguir el Certificado Unico de Discapacidad (CUD), una rehabilitación, una prótesis o un medicamento puede transformarse en una espera de meses y, en algunos casos, de más de un año.

El trabajo se elaboró a partir de entrevistas y grupos focales, por lo que los testimonios describen experiencias concretas y no deben leerse como una radiografía completa de la situación. Aun así, el cuadro que dibujan es elocuente y coincide con reclamos que se escuchan en los barrios, en las salas de espera y en los grupos de WhatsApp de las familias.

Turnos que se estiran y especialistas que faltan

Para tramitar el CUD, la Ciudad de Córdoba tiene juntas evaluadoras en siete hospitales, según precisa el informe. Dos de esos establecimientos son pediátricos, lo que concentra allí la demanda de los chicos. Las citas se otorgan con esperas de dos a tres meses, y a ese tiempo hay que sumarle las dificultades para conseguir antes una consulta con el especialista que pueda derivar al paciente.

El defensor del Pueblo adjunto a cargo del relevamiento, Carlos Galoppo, describió demoras que van de los cuatro a los nueve meses para acceder a prótesis y medicamentos, y plazos todavía más extensos para entrar a los centros de rehabilitación: entre nueve y catorce meses. Son los rangos que surgen del documento y no permiten anticipar cuánto demorará cada trámite en particular, pero marcan la magnitud del problema.

Mientras tanto, las familias no se quedan quietas esperando. Pegan gritos, hacen llamadas, mandan mails, y cuando todo falla, pagan. El informe recoge el caso de una madre que dijo haber desembolsado entre 150.000 y 180.000 pesos solo en sesiones, después de sostener la atención por su cuenta durante alrededor de dos años. A eso se suman los gastos en transporte, los apoyos escolares, los acompañamientos terapéuticos y, muchas veces, la necesidad de dejar de trabajar para cuidar.

El relevamiento advierte que la sobrecarga de cuidados recae de manera desproporcionada sobre las mujeres. Varias madres contaron que redujeron su jornada laboral, resignaron ingresos o directamente dejaron sus empleos para poder sostener los tratamientos de sus hijos. No es un detalle menor: tiene efectos directos en la economía familiar y en la autonomía de esas mujeres.

Las complicaciones también golpean a quienes brindan las prestaciones. El estudio documenta atrasos de varios meses y hasta de un año en los pagos que realizan las obras sociales y los programas estatales. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional subieron un 225% en promedio, mientras que la inflación acumulada en ese período fue del 336%, de acuerdo con los números que cita el propio informe.

La brecha se nota en los números más cotidianos. En ese mismo lapso, el precio de la nafta súper aumentó un 559%, pero el valor reconocido por kilómetro se actualizó apenas un 231%. El documento vincula ese desfasaje con las dificultades que atraviesan los prestadores para sostener los servicios, y menciona instituciones que debieron recortar gastos de funcionamiento. La consecuencia, otra vez, la pagan las familias: menos oferta, menos profesionales disponibles, más espera.

Lo que cuentan las familias y lo que describe la Defensoría es, en definitiva, lo mismo: un sistema que corre más lento que las necesidades de la gente. Y mientras la fila no se mueva, son las mamás, los papás, las abuelas y los propios pacientes los que siguen poniendo el cuerpo, el tiempo y la plata para que un tratamiento no se corte. La expectativa, en cada barrio, es la misma: que el próximo turno llegue a tiempo.

• CUD: juntas evaluadoras en siete hospitales de la Ciudad de Córdoba, con esperas de dos a tres meses en los pediátricos.
• Prótesis y medicamentos: demoras de cuatro a nueve meses, según el informe.
• Centros de rehabilitación: ingresos con esperas de nueve a catorce meses.
• Gastos de bolsillo: una madre reportó entre 150.000 y 180.000 pesos solo en sesiones, tras dos años de atención particular.
• Aranceles: suba del 225% frente a una inflación del 336% entre diciembre de 2023 y agosto de 2026.
• Transporte: la nafta súper subió 559% y el reconocimiento por kilómetro, 231%.