Cosecha con red: el régimen que compatibiliza planes sociales y empleo rural temporario se prorroga hasta 2027

Con la vid en etapa de brotación en muchas zonas de Mendoza y los primeros pronósticos de cosecha asomando en el calendario productivo, el Gobierno publicó esta semana en el Boletín Oficial una prórroga que corta, al menos por una temporada más, uno de los dilemas más sensibles del trabajo agrario: elegir entre un sueldo formal de cosecha y los planes sociales que sostienen al hogar el resto del año, una tensión que en fincas chicas y medianas se vive como una pulseada donde siempre pierde el mismo lado de la mesa.

Se trata del Decreto 1204/2026, que extiende hasta el primero de septiembre de 2027 el régimen de compatibilidad entre empleo agrario temporario o permanente discontinuo y los beneficios sociales, un esquema que ya lleva cinco años de funcionamiento y que, según las cifras oficiales que se desprenden del propio texto, alcanza a alrededor de 50.000 personas en todo el país, a las que se suman unos 83.000 hijos de aportantes, una población que en las economías regionales equivale a pueblos enteros dependiendo de que la temporada llegue con todas sus herramientas administrativas en orden.

Qué cambia en la práctica para el cosechero

• Las asignaciones familiares, la Tarjeta Alimentar y el programa Volver al Trabajo se pueden conservar durante el contrato estacional, sin necesidad de tramitar una baja en cada campaña.
• Las asignaciones familiares del contrato agrario no pueden ser menores al cien por ciento del valor de la Asignación Universal por Hijo, lo que fija un piso de ingresos para los hogares con hijos.
• Cuando el empleo formal se extiende de manera continua por más de seis meses, ciertos beneficios monetarios dejan de pagarse por fuera y se computan como parte del salario, con excepción de la Tarjeta Alimentar, que se mantiene.
• Los empleadores que contratan bajo estas modalidades acceden a una reducción de contribuciones patronales, un incentivo pensado para empujar la registración en un sector históricamente golpeado por la informalidad.

El alcance del decreto es amplio y deliberadamente abarcativo: aplica a quienes trabajan bajo las modalidades de empleo temporario o permanente discontinuo previstas en la Ley de Trabajo Agrario, así como a las tareas agropecuarias con contratos eventuales y a los trabajadores comprendidos en los Convenios de Corresponsabilidad Gremial, una red de figuras jurídicas que en Mendoza se traduce, por ejemplo, en las contrataciones para la vendimia de pequeños productores que entregan uva a bodegas integradas o a cooperativas, donde el cosechero aparece muchas veces como un eslabón cuyo ingreso real se construye sumando varios hilos y no uno solo.

La diferencia entre lo que dice el decreto y lo que se ve en la finca no siempre coincide. En teoría, el piso de las asignaciones familiares asegura un ingreso mínimo equivalente a la AUH para las familias con hijos; en la práctica, los productores viñateros consultados en departamentos como San Martín, Rivadavia y La Paz relatan que el cosechero acepta temporadas de apenas quince o veinte días hábiles cuando el cuartel lo permite, y que ese ingreso estacional, cruzado con los planes, termina siendo la única fuente formal del grupo familiar durante gran parte del año, lo que vuelve a poner en el centro de la discusión si las asignaciones efectivamente cumplen el rol de un sueldo complementario o si se han transformado, por necesidad, en la columna vertebral del ingreso rural.

Antes de la renovación, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) había salido a advertir que unos 120.000 puestos de trabajo en todo el país estaban en riesgo por la incertidumbre sobre la continuidad del régimen, un número que, leído desde una economía regional como la vitivinícola, equivale a varias vendimias completas en Mendoza y a campañas enteras de cosecha fina y gruesa en otras provincias, lo que muestra el peso específico que tiene la continuidad administrativa sobre las decisiones de siembra, poda y contratación que toman los productores año tras año.

El fondo del debate: quién paga la cuenta

El esquema, tal como está planteado, distribuye el costo entre tres actores que no siempre responden al mismo ritmo: el Estado nacional, que sostiene los planes; el empleador rural, que aporta el sueldo registrado y obtiene a cambio una baja en las contribuciones; y el propio trabajador, que cede parte de los beneficios no contributivos cuando el contrato se estira más allá del semestre, una ingeniería delicada que, en contextos de inflación contenida pero persistente y de tipo de cambio que no termina de cerrar para los productores chicos, deja en el aire la pregunta central: si el precio del kilo de uva no alcanza a cubrir el costo laboral pleno, si las contribuciones reducidas son las que vuelven viable la registración y si los planes terminan subsidiando de hecho la cosecha, alguien, en algún eslabón de la cadena, está pagando una parte de la cuenta que no figura en ninguna liquidación, y la prórroga, por más ordenada que sea, no resuelve esa ecuación, apenas la empuja hacia adelante, cosecha por cosecha, hasta septiembre de 2027.