Dieciocho inversores acusan a Hernán Casciari de devolverles menos del 3% por cada dólar apostado en siete producciones audiovisuales independientes

Un grupo de dieciocho personas decidió cruzar la línea que separa la queja en redes sociales de la denuncia formal y radicó una presentación penal contra el escritor Hernán Casciari y su empresa Orsai Audiovisuales, una sociedad que entre 2020 y 2024 ofreció al público la posibilidad de financiar películas, series y documentales a cambio de una participación porcentual en loseventuales ingresos. La causa fue presentada por el abogado Ariel Gil Ces ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 y quedó radicada en la Fiscalía N.º 16, donde ahora se deberá resolver si existe mérito para investigar un eventual incumplimiento de los compromisos asumidos con quienes, en muchos casos, entregaron los ahorros de varios años.

Los números que dejó la convocatoria

Según el escrito judicial, los siete proyectos audiovisuales denunciados reunieron en conjunto alrededor de 23.640 participaciones, una cifra que no se traduce de manera directa en personas únicas, ya que varios de los aportantes compraron bonos en más de una producción con la idea de diversificar el riesgo. Los montos individuales fueron muy heterogéneos: hubo quienes pusieron 50 dólares y quienes llegaron a 3.000, siempre con la promesa pública de que el dinero volvería multiplicado si las obras tenían éxito en cines, plataformas o ventas internacionales.

El primer proyecto señalado en la denuncia es Sola en el Paraíso, un documental sobre la actriz Justina Bustos rodado durante la pandemia y lanzado en 2020 con 938 participaciones. De acuerdo con lo que sostienen los denunciantes, la obra terminó siendo publicada de manera gratuita en YouTube sin que se les comunicara la decisión previamente, lo que habría cerrado cualquier posibilidad de retorno económico. María Alecia Izturriaga, una de las aportantes que compró un bono de 50 dólares, declaró con crudeza: "Encima de que no se promocionó ni se supo más nunca qué pasó con eso, la suben gratis sin avisar".

“Encima de que no se promocionó ni se supo más nunca qué pasó con eso, la suben gratis sin avisar.”María Alecia Izturriaga, denunciante, inversora en Sola en el Paraíso

La película La Uruguaya, basada en la novela de Pedro Mairal, habría recaudado unos 600.000 dólares a través de 1.967 participaciones. Según la denuncia, la obra fue vendida a Disney por un valor equivalente al costo de producción, lo que en los papeles permitió recuperar el capital invertido pero dejó a los aportantes sin rentabilidad alguna, pese a que la operación se presentó públicamente como un gran logro. Para la recaudación inicial de fondos, el futbolista uruguayo Sebastián Fernández llegó a prestar su cuenta bancaria personal en el Banco Santander de Uruguay, una decisión que ahora también forma parte del expediente.

Del anuncio al estreno, un camino de promesas modificadas

El proyecto Canelones, que reúne 5.495 participaciones desde 2021, es el que mejor expone la mecánica denunciada: fue anunciado primero como una miniserie de seis capítulos, después reducido a cuatro episodios y finalmente reconvertido en una película, sin que se presentaran rendiciones económicas diferenciadas por cada una de esas etapas. Marcelo Vaccarili, que aportó 1.200 dólares, declaró en el expediente que tomó la decisión convencido por el nivel del elenco: "Cuando los actores elegidos fueron actores reconocidos como Barassi, Rada, Llinás y Bordón, no tuve dudas del éxito de la serie". El estreno en cines está anunciado para el 6 de agosto de 2026, en un calendario que se fue estirando a lo largo de los años.

El proyecto con mayor cantidad de reclamos es La Muerte de un Comediante, ópera prima del actor Diego Peretti, que según la denuncia reunió 10.139 participaciones y una recaudación superior a 1.800.000 dólares. Los retornos efectivamente informados a los inversores, siempre según los denunciantes, van de 1 a 84,60 dólares, lo que en la práctica significa que muchos de ellos cobraron apenas una fracción mínima de lo que habían puesto. Sebastián Angelini, que invirtió 2.900 dólares, declaró que su objetivo era abrir un negocio con las ganancias que esperaba obtener del filme, un plan que quedó trunco cuando vio el monto real del reparto. El estreno, el 20 de noviembre de 2025, dejó una escena adicional que también quedó bajo la lupa: la película se proyectó sin subtítulos en varias salas y con salas prácticamente vacías, según relataron los denunciantes, un cuadro que terminó de alimentar la sensación de que el negocio no se administró con el cuidado prometido.

La pregunta que sobrevuela la causa

El cuadro que se desprende de la denuncia no es el de una estafa clásica con dinero que desaparece, sino el de un modelo de financiamiento colectivo que, según la mirada de los inversores, funcionó en una sola dirección: el riesgo lo tomaron ellos, las decisiones las tomó Orsai y los resultados, cuando los hubo, llegaron a cuenta gotas. Por eso la pregunta de fondo que empieza a circular en el sector audiovisual independiente, y que deberá responder la Justicia, es quién paga la cuenta cuando las películas se hacen, las plataformas compran y, aun así, los aportantes terminan cobrando menos del 3% de lo que pusieron.