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El Jury apartó preventivamente al juez de San Isidro y avanza con seis cargos por acoso y mal desempeño

El magistrado Ernesto García Maañón, de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, fue separado de su cargo de manera preventiva por el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense. La denuncia original de una funcionaria se amplió con seis imputaciones que van desde acoso sexual hasta uso indebido de recursos del Estado.

Por Ricardo TelloPoliciales y judiciales · 27 de agosto de 2026 · hace 1 h

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió separar de su cargo, con carácter preventivo, al juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro. La decisión se adoptó en el marco de una causa caratulada por acoso sexual y otras irregularidades funcionales, que se tramita ante el mencionado organismo constitucional y cuya instrucción preliminar estuvo a cargo de la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte provincial. De acuerdo con la investigación, el magistrado ya se encontraba en uso de licencia por una disposición previa del máximo tribunal bonaerense.

El origen de la denuncia

El hecho se produjo a partir de la denuncia radicada en julio de 2025 por una funcionaria que prestaba servicios en la mencionada cámara. En su presentación, la mujer describió una serie de mensajes del magistrado con comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, a los que sumó propuestas de encuentros personales fuera del ámbito laboral. Como respaldo probatorio, aportó conversaciones y archivos de audio que, según la investigación, daban cuenta de la conducta denunciada.

Los seis cargos formulados por el Ministerio Público Fiscal

  • Acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres, en referencia a los mensajes y propuestas denunciados.
  • Malos tratos reiterados a empleados y funcionarios, expresados a través de descalificaciones y órdenes arbitrarias.
  • Uso de recursos del Estado para beneficio personal, en el marco de su desempeño en la cámara.
  • Trato irrespetuoso hacia superiores y utilización de referencias a su posición institucional con fines de intimidación.
  • Presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones en su contra dentro del expediente.
  • Delegación irregular de su firma digital, en aparente violación de la normativa vigente.

La pesquisa penal preparatoria fue impulsada por el fiscal José Amallo, mientras que en noviembre de 2025 la Procuración General bonaerense formalizó la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, dando inicio formal al trámite del jury. Con posterioridad, el Colegio de Abogados de San Isidro presentó una presentación que fue acumulada al expediente, lo que amplió el universo de cargos analizados.

El jurado es presidido por el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Gabriel Torres, y se integra con conjueces abogados y conjueces legisladores, conforme lo establece la normativa provincial. El proceso continúa ahora con la producción y valoración de la prueba ofrecida por las partes, y la siguiente instancia procesal será el análisis de los cargos por parte del cuerpo de enjuiciamiento, que deberá resolver si corresponde avanzar hacia el juicio político o disponer el sobreseimiento del magistrado.

RT
Ricardo TelloPoliciales y judiciales

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