Pandanés quedó en el borde de la quiebra: 25 sucursales cerradas, 150 familias afuera y un pasivo de 1.200 millones que alguien tendrá que pagar

La cadena de panaderías Pandanés dejó de funcionar como negocio en marcha y quedó reducida a un expediente en el Juzgado Comercial N.º 15, donde tramita un procedimiento de salvataje que tiene, como telón de fondo, una cesación de pagos declarada por la propia empresa desde octubre del año pasado y un pasivo que, según la sindicatura, ronda los 1.200 millones de pesos al momento del concurso preventivo. Lo que en los papeles aparece como una discusión entre abogados, acreedores y un magistrado termina, en la calle, con 25 sucursales cerradas, 150 empleados desvinculados y un tendal de proveedores, landlords y trabajadores que todavía no terminaron de cobrar lo suyo ni de retirar sus pertenencias de los locales.

El cuadro que describe la empresa para justificar el derrumbe es el mismo que repiten desde hace meses las cámaras empresarias del consumo masivo: caída de ventas superior al 50% respecto del volumen histórico, suba sostenida de los costos fijos y variables, y un sobredimensionamiento que se volvió imposible de sostener cuando la facturación dejó de acompañar. La planta de 1.778 metros cuadrados inaugurada en noviembre de 2022, cuando el negocio crecía y se proyectaba para abastecer hasta 50 locales propios, terminó siendo la muestra más cara de hasta dónde puede hacer daño una apuesta de expansión calcada sobre una curva de consumo que después se desplomó.

Una caída de consumo del 50% y una industria que ya no da tregua

La explicación empresaria, firmada por la gerente Lise Lundme Funch, apunta a una combinación de factores que la pandemia dejó como paisaje: encarecimiento de la harina, atado a la suba internacional del precio de los granos, más servicios y salarios actualizados por paritarias, más alquileres que se renegociaron pero no lo suficiente. En el expediente consta que la compañía intentó rever la estructura de proveedores, sentarse a negociar con los dueños de los inmuebles y hasta acercar una propuesta al fisco, pero nada de eso alcanzó para revertir lo que la propia Lundme Funch describió como un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos.

“Esos factores provocaron un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos.”Lise Lundme Funch, gerente de Pandanés

Lo que el expediente judicial agrega y la empresa no quiso poner en el centro de la escena es el apartado laboral: la sindicatura detectó que la firma no habría acreditado el pago de aportes a la obra social, la ART y los aportes patronales, un dato que cambia de manera sustancial la lectura del conflicto y que va mucho más allá de un ajuste por caída de ventas. En paralelo, los 150 trabajadores fueron despedidos vía WhatsApp y, según consta en el expediente, aún no recibieron los telegramas de despido formales ni pudieron retirar sus pertenencias de los locales cerrados.

La Justicia frena la quiebra y abre la puerta a un salvataje

El juez Pablo Frick rechazó el pedido de quiebra y, en cambio, ordenó abrir un registro por cinco días para que acreedores, cooperativas u otros interesados puedan inscribirse y presentar propuestas de acuerdo preventivo o de adquisición de cuotas sociales. La decisión se apoyó en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, que establece que el procedimiento de salvataje debe agotarse antes de declarar la quiebra cuando se cumplen los requisitos legales. En los hechos, la resolución le da aire a la compañía para tentar un rescate y le marca un reloj al resto de los actores: si nadie se presenta con un plan viable, la quiebra terminará siendo, igual, la salida.

• 25 sucursales cerradas en el área metropolitana y 150 empleados desvinculados en los últimos meses.
• Cesación de pagos declarada por la propia empresa desde octubre de 2025.
• Planta industrial de 1.778 m² en Tucumán, inaugurada en noviembre de 2022, sobredimensionada para hasta 50 locales.
• Pasivo cercano a los 1.200 millones de pesos al momento del concurso preventivo.
• Sindicatura detectó falta de acreditación de aportes a obra social, ART y aportes patronales.
• Trabajadores despedidos por WhatsApp, sin telegramas formales y sin poder retirar sus pertenencias.

La pregunta que sobrevuela el expediente y que tarde o temprano alguien va a tener que responder en voz alta es quién paga la cuenta. Si el salvataje prospera, el costo lo absorberán, en alguna proporción, los acreedores comerciales, los bancos y los trabajadores, que suelen ser los últimos de la fila y los peor parados a la hora de prorratear quitas y esperas. Si el salvataje no prospera y la quiebra se declara, la planta sobredimensionada, las marcas y la masa de clientes quedarán en manos de quien ofrezca un mejor plan de continuidad, y los 150 empleados se sumarán a la larga lista de fábricas y cadenas que, mientras crecían al ritmo de un consumo que ya no existe, no terminaron de pagar la obra social ni la ART de quienes les amasaran la facturación.