Prisión preventiva para los titulares de una concesionaria de Pilar por estafa y asociación ilícita

La jueza de Garantías de Pilar Andrea Rodríguez Mentasty dictó la prisión preventiva de Carlos Alberto González, de 43 años, y Cynthia Chamoles, de 44, propietarios de la concesionaria Autos Pilar Premium. La decisión fue adoptada en el marco de una causa que los investiga por asociación ilícita en carácter de jefes, en concurso real con estafa y defraudación por retención indebida, de acuerdo con la investigación que lleva adelante el fiscal Andrés Quintana, titular de la UFI a cargo del expediente.

El hecho se produjo en el partido de Pilar, donde funcionaba el establecimiento. De acuerdo con la investigación, la maniobra contemplaba dos modalidades principales. En una de ellas, los responsables recibían pagos totales en dólares por vehículos que nunca eran entregados a los compradores. En la otra, tomaban automóviles de particulares en consignación, concretaban la venta y se apropiaban del producido sin rendir cuentas a los dueños originales.

Los argumentos de la magistrada

La jueza Rodríguez Mentasty fundó la medida en la valoración de dos riesgos procesales: el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Respecto del primero, consideró la multiplicidad de hechos y de víctimas, los perjuicios económicos ocasionados y la logística empleada por los imputados, extremos que, a su criterio, permiten presumir que podrían intentar eludir la acción judicial ante una eventual condena de efectivo cumplimiento. En cuanto al segundo, ponderó la magnitud del daño patrimonial, la disponibilidad de recursos para ocultar activos y la posibilidad de manipular documentación relevante.

“La medida cautelar de la prisión preventiva se presenta como el único medio idóneo para asegurar de manera efectiva los fines del proceso.”Jueza Andrea Rodríguez Mentasty

Algunos de los casos acreditados

Con la resolución firmada en las últimas horas, los imputados quedaron a disposición del juzgado de Garantías interviniente. La instancia procesal que sigue es la elevación de la causa a juicio oral, una vez cumplidas las restantes etapas de instrucción y ofrecida la prueba por las partes.