Detenciones en el Puerto de Rosario: acusan a exdirectivos de lavar dinero del narcotráfico y de la corrupción en Cataluña
Una investigación federal describe cómo la terminal funcionó durante casi 16 años como pantalla para blanquear fondos; el embargo solicitado ronda los 100 millones de dólares.
Cinco fiscales federales pidieron esta semana la detención de exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR) en una causa que los investiga por lavado de activos y financiamiento del narcotráfico, con intervención del Juzgado Federal y la UFI correspondientes. De acuerdo con la investigación, la concesionaria del puerto local operó durante casi 16 años como una pantalla para incorporar al circuito legal fondos provenientes de dos orígenes bien distintos: sobornos cobrados en España y ganancias del tráfico de cocaína en Rosario.
El eje de la acusación
El principal apuntado es Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de TPR, quien en 2023 ya había sido condenado a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. Según la pesquisa, Shanahan proveyó dólares para la compra de cocaína desde una financiera ubicada en calle España al 889, considerada una de las cuevas de cambio más grandes de la ciudad. Un allanamiento realizado en octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas de fuego.
La conexión con Cataluña
La causa actual suma un segundo componente. Entre 2004 y 2005 ingresaron a la terminal unos 1.850.000 euros provenientes de una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat de Catalunya. Ese capital fue canalizado a una sociedad local que lo utilizó para financiar el crecimiento de la concesionaria. La justicia española, en un fallo confirmado en 2021, declaró ilícito el patrimonio de la familia Pujol, al considerarlo producto de comisiones y sobornos ligados a la adjudicación de obra pública y de licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.
El esquema en tres pasos
- Ingreso: el dinero de origen ilícito entraba al puerto disfrazado de inversión societaria, a través de la offshore vinculada a Pujol Ferrusola.
- Transformación: entre 2010 y 2012, el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, de modo que lo que había ingresado como inversión salía como precio de venta.
- Egreso: parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado, que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.
Para la última etapa del circuito, los fiscales identificaron al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el fin de darle apariencia lícita a los movimientos. El embargo pedido sobre los bienes de los imputados asciende a unos 100 millones de dólares. La instancia procesal que sigue es el análisis del requerimiento fiscal por parte del juzgado interviniente, que debe resolver sobre las detenciones solicitadas y las medidas cautelares sobre el patrimonio.
