Procesaron a Raúl Martins con prisión preventiva y le trabaron un embargo por 300 millones de pesos

La Justicia federal procesó con prisión preventiva a Raúl Martins en una causa por lavado de activos y dispuso un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La resolución fue firmada por la jueza María Servini, al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, en el marco de una investigación seguida por la Fiscalía Federal Nº 1, a cargo de Franco Picardi. El hecho se produjo tras un extenso trámite que incluyó la extradición del exagente de la SIDE desde México, donde había sido detenido en 2019.

De acuerdo con la investigación, la maniobra bajo análisis consistió en la supuesta incorporación al circuito económico legal de fondos obtenidos mediante la explotación sexual de mujeres. La magistrada consideró que existían elementos suficientes para avanzar con el procesamiento de Martins, de 77 años, y descartó los argumentos defensistas que cuestionaban las fechas de las maniobras y la creación de sociedades comerciales vinculadas con el expediente.

La postura de la defensa

Durante la etapa de indagatoria, Martins resolvió no responder preguntas y presentó un escrito en el que solicitó el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. En ese descargo sostuvo que las 26 operaciones que se le atribuían, relacionadas con la adquisición de propiedades y la administración de sociedades, correspondían a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, todas anteriores al período del delito de explotación sexual que consideró firme, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014.

El exinvestigador agregó que ese antecedente se circunscribía al establecimiento de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre, y que las acusaciones referidas a otros nueve locales habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Los argumentos de la jueza

• La jueza señaló que una sociedad creada antes del delito investigado puede ser utilizada con posterioridad para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, de modo que la fecha de constitución no resulta determinante para descartar las maniobras.
• La resolución evaluó de manera conjunta la participación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares en la operatoria.
• Servini concluyó que Martins habría conservado el control efectivo de la estructura societaria aun cuando no figurara formalmente como beneficiario final en los registros.
• El expediente se inició el 6 de marzo de 2013, tras una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad que daba cuenta de una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre.

Próxima instancia procesal

Con el procesamiento con prisión preventiva firme, el expediente queda a la espera de la elevación a juicio oral o de eventuales presentaciones de la defensa ante la Cámara de Apelaciones. En paralelo, rige el embargo dispuesto sobre los bienes del imputado por 300 millones de pesos. La causa continúa su trámite en el Juzgado Federal Nº 1 y mantiene la intervención de la Fiscalía Federal Nº 1.