Mendoza abrió un canal formal para que familias renegocien deudas de consumo sin costo

Vamos a los números. La Provincia de Mendoza puso en marcha un procedimiento de conciliación pensado para hogares que no llegan a cubrir sus compromisos financieros con tarjetas de crédito, préstamos personales y otras deudas de consumo. Se trata de una instancia gratuita, administrada por la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), que no reemplaza la negociación con las entidades acreedoras: las quitas, los nuevos plazos y los esquemas de cuotas sólo se aplican si el banco, la financiera o la mutual aceptan.

La herramienta se dirige a personas humanas con domicilio real en la Provincia que revistan como consumidoras finales y que atraviesen una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar. El parámetro central es que los compromisos financieros superen el 30% de los ingresos mensuales netos de quienes conviven en el hogar. Cuando hay vulnerabilidad acreditada, ese umbral desciende al 25%.

Quiénes pueden acceder y bajo qué condiciones

• Personas con menores a cargo en el grupo familiar.
• Hogares con personas con discapacidad.
• Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.
• Personas desempleadas.
• Beneficiarios de programas sociales.
• Trabajadores informales.

El procedimiento fija, además, un tope de capital adeudado: el total no puede superar el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de pedir la intervención. Es decir, si el monto total de las deudas supera ese umbral, el caso queda fuera del alcance del mecanismo.

Quedan excluidas del sistema las obligaciones con garantía hipotecaria, las deudas alimentarias, las multas y las sanciones penales, así como los pasivos empresariales o comerciales ajenos al consumo familiar. El alcance se limita a préstamos personales, financiamiento de compras, tarjetas de crédito y deudas con plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas.

Qué alternativas quedan sobre la mesa

En comparación con el esquema anterior, que se concentraba en audiencias individuales sin un procedimiento reglado, la nueva instancia ordena la negociación y le da un marco administrativo. La mediación puede contemplar la extensión de los plazos de pago, la eliminación de intereses punitorios y cargos por mora, períodos de gracia antes de empezar a cancelar y un reordenamiento del esquema de cuotas. Defensa del Consumidor cita a los acreedores, que cuentan con hasta 10 días hábiles para informar su posición y acercar una propuesta.

El trámite se inicia en la OCDC con la presentación del listado de acreedores, los importes adeudados y un detalle actualizado de activos y pasivos. A partir de allí, la Provincia articula la audiencia y acompaña el proceso, pero no puede imponer condiciones: cualquier modificación sobre la deuda requiere un acuerdo entre las partes.

Para el mes que viene, conviene mirar con atención dos indicadores. Por un lado, la cantidad de audiencias efectivamente convocadas y el porcentaje de acuerdos homologados, que mostrará si los acreedores están dispuestos a aceptar los nuevos esquemas de pago. Por otro, la evolución de la morosidad en tarjetas y préstamos personales en la Provincia, publicada por el Banco Central, que permitirá dimensionar si la herramienta alcanza para aliviar la presión financiera sobre los hogares mendocinos.